MECANISMOS DE PARTICIPACI N CIUDADANA AMBIENTAL

9. NORMAS Constituci�n Pol�tica de Colombia. Art�culo 86: Toda persona tendr� acci�n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente (preferencial) y sumario (r�pido), por s� misma o por quien act�e a su nombre, la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que �stos resulten vulnerados o amenazados por la acci�n o la omisi�n de cualquier autoridad p�blica. Decreto reglamentario: Dec. 2591 de 1991 Dec. 306 de 1992

10. DEFINICI�N Mecanismo consagrado por la Constituci�n cuyo objetivo es proteger los derechos fundamentales que han sido vulnerados por una acci�n u omisi�n de una autoridad p�blica o por los particulares.

11. TIEMPO PARA DAR RESPUESTA Diez d�as para dar el fallo. Puede impugnarse ante el superior, este tiene 20 d�as para fallar. No debe pasar mucho tiempo entre la ocurrencia del hecho y la solicitud.

12. PROCEDENCIA Se presenta contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades o los particulares. Para su procedencia se requiere conexidad entre el derecho a gozar de un ambiente sano (colectivo) y otros derechos fundamentales (vida intimidad) Los derechos relativos al ambiente adquieren la dimensi�n de fundamentales, son indispensables para la superviviencia humana. No debe existir otro medio de defensa judicial eficaz. Que el da�o no se encuentre consumado, la tutela no tiene fines resarcitorios, sino preventivos.

13. PROCEDIMIENTO Escrito: Nombre del demandante y demandado. Derecho vulnerado Hechos Pruebas Solicitud

15. EJEMPLOS Sentencia T-975/00 Malos olores porqueriza, contaminaci�n de las aguas-cableado. Fecha: 31 de julio de dos mil. Lugar: vereda Montegrande, jurisdicci�n del Municipio de Caicedonia, Valle. Interpuesta por: Luz Amanda Saldarriaga Ortiz Contra: Alvaro Urrea Botero Derechos reclamados: Derechos colectivos (ambiente sano) en conexidad con derechos fundamentales (intimidad, derecho a la vida por el cableado del predio vecino, derecho a la salud). La Corte Constitucional ha manifestado que:��Los malos olores provenientes de la actividad industrial no s�lo son fuente de contaminaci�n ambiental sino que obligan a la v�ctima a abandonar su residencia con el consiguiente recorte de su libertad de autodeterminaci�n. El mal olor, incontrolado y evitable, vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal o familiar. Viable el mecanismo de la tutela para proteger el derecho a un medio ambiente sano, como derecho colectivo, por estar en conexidad con los derechos fundamentales a la vida que, evidente y directamente, est�n siendo vulnerados por la emanaci�n de los malos olores. Fallo de la Corte Constitucional: Se deniega la tutela de los derechos a la vida, la salud, al medio ambiente sano y la intimidad personal y familiar, en relaci�n con la existencia de las porquerizas porque el demandado hace las mejoras que ordena la Secretar�a de Salud. Se concede la tutela de los derechos fundamentales a la vida y a la salud, en lo que se refiere a los cables de energ�a. Se le ordena al se�or llevar a cabo todos los acondicionamiento t�cnicos necesarios para que se mejoren las condiciones del cableado.

18. NORMAS Constituci�n Pol�tica de Colombia. Art�culo 87: Toda persona podr� acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acci�n, la sentencia ordenar� a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Reglamentado: Ley 393 de 1997

19. DEFINICI�N Es el mecanismo empleado para garantizar el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

20. �ANTE QUI�N? En primera instancia: Jueces administrativos. En segunda instancia: Tribunal Contencioso Administrativo. En tercera instancia: Consejo de Estado � Sala Contencioso Administrativo

21. NO PROCEDENCIA No puede presentarse para el cumplimiento de normas que establezcan gastos. Para la protecci�n de derechos que pueden ser garantizados por medio de tutela. Cuando se ha ejercido con anterioridad por los mismos hechos.

24. NORMAS Constituci�n Pol�tica de Colombia. Reglamentada por: Ley 472 de 1998 Derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente El goce de un ambiente sano La existencia del equilibrio ecol�gico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci�n, restauraci�n o sustituci�n. La conservaci�n de las especies animales y vegetales, la protecci�n de �reas de especial importancia ecol�gica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, as� como los dem�s intereses de la comunidad relacionados con la preservaci�n y restauraci�n del medio ambiente La prohibici�n de la fabricaci�n, importaci�n, posesi�n, uso de armas qu�micas, biol�gicas y nucleares, as� como la introducci�n al territorio nacional de residuos nucleares o t�xicos.

25. DEFINICI�N Personas naturales o jur�dicas que sufran un perjuicio individual. Defensor del Pueblo, Personeros municipales y distritales � a nombre de personas desprotegidas. Quien act�e como demandante representa a las dem�s personas sin necesidad de que cada uno ejerza por separado su protecci�n. Necesita abogado.

26. Jurisdicci�n contenciosa administrativa: procesos originados en la actividad de entidades p�blicas y personas que desempe�en funciones administrativas. Primera instancia: Jueces administrativos. Segunda instancia: Secci�n primera del Tribunal Contencioso Administrativo Jurisdicci�n civil ordinaria: los dem�s procesos. Primera instancia: Jueces civiles del circuito Segunda instancia: Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial �ANTE QUI�N SE INTERPONE?

27. PROCEDIMIENTO El grupo debe estar conformado por no menos de 20 personas. Se debe presentar demanda con informaci�n que considere un estimativo del valor de los da�os, informaci�n sobre el demandante y demandado, pruebas. Existe una reuni�n o diligencia de conciliaci�n. Se dicta la sentencia, esta debe contener: pago de una indemnizaci�n colectiva.

28. EJEMPLOS Consejo de Estado � Sala de lo Contencioso Adminsitrativo 10 de Junio de 2004 Actor: Pescadores de San Antero (C�rdoba) Demandado: ECOPETROL, OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC., COMPA��A SHELL DE COLOMBIA Y OCENSA S.A. Pretensiones: Que se declare a ECOPETROL, Occidental de Colombia, Inc., Compa��a Shell de Colombia y Ocensa S.A., responsables de los continuos derrames de hidrocarburos en el Golfo y por consiguiente en el lento proceso de deterioro ambiental que hoy en d�a se hace evidente en la zona de influencia, principalmente en el Municipio de San Antero. Se condene a las accionadas a indemnizar, a cada uno de los pertenecientes al grupo accionante por los da�os ambientales causados y su consecuencial perjuicio econ�mico, mediante las compensaciones que permitan recuperar el deterioro ambiental.

31. NORMAS Constituci�n Pol�tica de Colombia. Art. 88: La ley regular� las acciones populares para la protecci�n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el ambiente. Reglamentada por: Ley 472 de 1998 Derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente El goce de un ambiente sano La existencia del equilibrio ecol�gico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci�n, restauraci�n o sustituci�n. La conservaci�n de las especies animales y vegetales, la protecci�n de �reas de especial importancia ecol�gica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, as� como los dem�s intereses de la comunidad relacionados con la preservaci�n y restauraci�n del medio ambiente La prohibici�n de la fabricaci�n, importaci�n, posesi�n, uso de armas qu�micas, biol�gicas y nucleares, as� como la introducci�n al territorio nacional de residuos nucleares o t�xicos.

32. DEFINICI�N Son los medios procesales para la protecci�n de los derechos e intereses colectivos. Se ejercen para evitar el da�o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci�n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

33. TIEMPO Podr� promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter�s colectivo.

34. NO PROCEDENCIA No procede para exigir indemnizaci�n.

35. EJEMPLOS Consejo de Estado � Sala de lo Contencioso Adminsitrativo 19 de abril de 2001 Derecho reclamado: Goce a un ambiente sano� contaminaci�n r�o Acaciitas Demandante: Jes�s Mar�a Quevedo Demandado: Alcalde Municipio de Acac�as Pretensiones: Proteger los intereses colectivos al goce de un ambiente sano, los cuales se est�n viendo amenazados y vulnerados por la contaminaci�n del r�o Acaci�tas por tres motivos: Dep�sito de basuras y residuos s�lidos, -La falta de acueducto y alcantarillado para aguas negras, -El vertimiento de aguas negras por los habitantes de las zonas ribere�as al r�o sin ning�n control. Ordenar al Alcalde Municipal de Acac�as en primer lugar, adoptar las medidas necesarias para la descontaminaci�n del mencionado r�o y, en segundo lugar cumplir su programa de gobierno en el cual prometi� construir una planta de potabilizaci�n. Fallo: Proteger los derechos colectivos de la comunidad del Municipio de Acac�as al goce de un ambiente sano, la seguridad y la salubridad p�blicas. se ordena al Alcalde del Municipio de Acac�as adelantar las actuaciones administrativas de polic�a frente a las personas que vierten sus aguas residuales, en el r�o Acaci�tas. F�jar como incentivo a favor de Jes�s Mar�a Quevedo, y a cargo del Municipio de Acac�as, el valor en pesos colombianos de diez salarios m�nimos legales mensuales de 2001.

38. NORMAS Ley 99 de 1993. Art. 72 Reglamentaci�n: Dcto 2762 de 2005

39. �QUI�N PUEDE SOLICITARLA? Por lo menos 100 personas o 3 ONG�S Procurador General de la Naci�n o el delegado para asuntos ambientales. Defensor del Pueblo. Ministerio de Ambiente. Gobernadores, alcaldes.

40. �CU�NDO SE PUEDE REALIZAR? Antes de la expedici�n del acto adminsitrativo que otorga la licencia o permiso. Durante la ejecuci�n de la obra que haya requerido permiso, cuando se manifieste la violaci�n de los requisitos exigidos para su otorgamiento.

41. VENTAJAS Permite a la comunidad intervenir con argumentos que contribuyan a la toma de una decisi�n.

44. NORMAS Constituci�n Pol�tica de Colombia. Art. 330 La explotaci�n de los recursos naturales en los territorios ind�genas se har� sin desmedro de la integridad cultural, social y econ�mica de las comunidades ind�genas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotaci�n, el Gobierno propiciar� la participaci�n de los representantes de dichas comunidades. Convenio 169 de la OIT (aprobado por Ley 21 de 1991) Exige la consulta con las comunidades ind�genas. Ley 99 de 1993. Art. 76 Incluye la consulta previa a las comunidades negras tradicionales. Decreto 1320 de 1998 Establece la participaci�n de los ind�genas en la elaboraci�n de los estudios de impacto ambiental y diagn�sticos ambientales. Ley 70 de 1993 Sobre comunidades negras y titulaci�n de tierras. Se fundamenta en la participaci�n de las comunidades negras. Decreto 1397 de 1996 Participaci�n de comunidades ind�genas en la elaboraci�n de los estudios de impacto.

45. DEFINICI�N Es el mecanismo que se fundamenta en el derecho que tienen los pueblos ind�genas y afrocolombianos, donde se va a realizar un proyecto o actividad, de decidir la conveniencia de �ste. El Estado debe consultar a los pueblos cada vez que se vayan a implementar medidas que puedan afectar a las comunidades �tnicas. Por medio de este mecanismo se busca que la comunidad tenga una participaci�n activa y efectiva en la toma de decisiones. Tiene por objeto analizar el impacto econ�mico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad por la explotaci�n de recursos naturales dentro de su territorio.

46. PROCEDENCIA Debe ser realizada con anterioridad a la toma de una decisi�n para que la comunidad tenga conocimiento pleno sobre los proyectos de exploraci�n y explotaci�n de recursos, para que se entere de los efectos que pueda traer el proyecto, valorar las ventajas y desventajas, manifestar sus inquietudes. Debe realizarse cuando el proyecto, obra o actividad pretenda desarrollarse en zonas de resguardo ind�gena o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades negras. Igualmente en zonas no tituladas y habitadas regularmente por dichas comunidades.

47. PROCEDIMIENTO El responsable del proyecto env�a a la comunidad una participaci�n para la elaboraci�n del estudio de impacto escrita. Si a los 20 d�as no recibe respuesta por parte de los pueblos ind�genas o comunidades negras debe comunicar al Ministerio del Interior para que verifique dentro de los 10 d�as siguientes si existe voluntad de participaci�n. En caso de que no den respuesta o se nieguen a participar dar� inicio a la elaboraci�n del estudio. En los estudios de impacto y planes de manejo se identificar�n los impactos sociales, econ�micos y culturales que sufrir�n las comunidades y las medidas para prevenir, corregir, mitigar, controlar o compensar los impactos. Dentro de los 15 d�as siguientes a la solicitud de licencia ambiental o del permiso de uso, aprovechamiento o afectaci�n de recursos naturales, la autoridad ambiental comprobar� la participaci�n de las comunidades en la elaboraci�n del estudio y citar� a la reuni�n de consulta previa que deber� celebrarse dentro de los 30 d�as siguientes dentro de la zona donde se encuentre el asentamiento.

48. La reuni�n ser� presidida por la autoridad ambiental y deber� contar con la participaci�n del Ministerio del Interior. Deben participar el due�o del proyecto y los representantes de las comunidades. El responsable del proyecto expondr� el estudio especialmente los impactos. Se escuchar� a los representantes de las comunidades ind�genas y negras. Se identificar�n los impactos y las medidas. De la reuni�n se levantar� un acta. El acto adminsitrativo para el otorgamiento de la licencia, el establecimiento del plan de manejo o el permiso de uso, deber� ser comunicado a los representantes de las comunidades. PROCEDIMIENTO

49. VENTAJAS Espacio que permite expresarle al Estado la b�squeda de garant�a de las comunidades. Cuestionamiento a los modelos de desarrollo impuestos desde afuera. Es una obligaci�n constitucional en el tr�mite de proyectos que generen impacto sobre grupos tradicionales.

52. NORMAS Ley 99 de 1993. Art.69 Cualquier persona natural o jur�dica, p�blica o privada, sin necesidad de demostrar inter�s jur�dico alguno podr� intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedici�n, modificaci�n o cancelaci�n de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar al ambiente o para la imposici�n o revocaci�n de sanciones por el incumplimiento de normas y regulaciones ambientales. Resoluci�n 1007 de 2004 de Minambiente.

53. DEFINICI�N Es el mecanismo por medio del cual se le permite a cualquier persona hacerse parte de los procedimientos administrativos que adelanta la autoridad ambiental: expedici�n, modificaci�n o cancelaci�n de permisos o licencias, imposici�n o revocaci�n de sanciones por el incumplimiento de normas y regulaciones ambientales.

57. NORMAS Constituci�n Pol�tica. Art. 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de inter�s general o particular, y a obtener pronta resoluci�n. Ley 99 de 1993. Art. 74

58. �QUI�N? Cualquier persona natural o jur�dica en forma verbal o escrita.

59. PROCEDIMIENTO La petici�n debe hacer referencia a uno de los tres aspectos contemplados en la norma: elementos susceptibles de ocasionar contaminaci�n, peligros para la salud humana derivada de dichos elementos, recursos financieros ambientales. Si se desconoce el derecho de petici�n se puede acudir a la acci�n de tutela para exigir su garant�a, pues el derecho de petici�n es un derecho fundamental.

62. NORMAS Ley 99 de 1993. Art. 26 Literal f y g. Resoluci�n 0389 de abril 26 de 2000.

65. NORMAS Ley 850 de 2003

66. PROCEDIMIENTO Las organizaciones civiles o los ciudadanos elegir�n de forma democr�tica a los veedores. Luego elaborar�n un documento o acta de cosntituci�n en la que conste el objeto de la vigilancia, nivel territorial, etc. Se realiza la inscripci�n del documento ante los personeros municipales o distritales o las c�maras de comercio.